Pesimismo en el sector minero: casi la mitad de los empresarios cree que reducirán las operaciones en el próximo lustro
Pesimismo en el sector minero: casi la mitad de los empresarios cree que reducirán las operaciones en el próximo lustro
23 de abril de 2024. El sector minero en el país no está pasando su mejor momento. Los cambios legales, los ajustes tributarios, las reformas y la percepción del Gobierno frente al sector han generado profunda incertidumbre.
Aunque hay expectativa hacia el futuro por un incremento en los precios globales de los commodities, producto en gran parte de las tensiones geopolíticas, la desaceleración global y las cargas tributarias llevarán a que los resultados de las compañías mineras al cierre del año pasado sean muy apretados.
Además, las iniciativas del Gobierno en el sector han despertado preocupación entre los mineros del país. Son tres las decisiones que el Gobierno tiene en marcha. La primera, un decreto del Ministerio de Ambiente (el 044), que establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental, con una temporalidad de 10 años, para que, durante ese tiempo se hagan los estudios y determinar si en esa zona sí debe haber un área de protección ambiental.
La preocupación radica en que cuando se tiene un título minero o una licencia ambiental, a juicio de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), se tiene un derecho adquirido y eso podría estar en revisión. También inquieta que haya una regulación por decreto, sin pasar por el Congreso y sin la participación efectiva de los grupos de interés. De hecho, el gremio analiza si interpondrá algún recurso de revisión ante el Consejo de Estado.
Las otras dos iniciativas son proyectos de ley: una, la creación de Ecominerales, una empresa industrial y comercial del Estado que tendrá a su cargo la administración, manejo y disposición de bienes de reversión por títulos mineros, el acompañamiento a los programas de legalización y formalización minera, la comercialización, exploración y extracción de minerales estratégicos.
Y la segunda, la nueva Ley Minera que reforma el Código de Minas y que dentro de sus más relevantes consignas está la prohibición de contratar la exploración y explotación de carbón térmico. En principio, los dos proyectos fueron uno solo con una reforma estructural de 238 artículos que, posteriormente, el Gobierno decidió dividir en dos proyectos de ley independientes. Uno de 219 artículos que corresponde a la nueva Ley Minera, que tendrá su trámite por las comisiones quintas del Congreso, y otro de 19 artículos para la creación de una empresa estatal de minería (Ecominerales) que se tramita ya en las comisiones primeras constitucionales.
En su momento, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, aseguró que con la reforma al código de minas se advierte “un completo desdén por la iniciativa privada, por la minería legal y organizada, y un total desconocimiento de la autonomía empresarial que ha marcado la legislación minera colombiana históricamente”. Según él, se observa no solo un cambio en las reglas de juego, sino del modelo económico mismo a partir de la minería, al pasar a un estado que no solo produce, transforma, comercializa y exporta minerales, sino que también planifica, controla, limita y compite con la iniciativa privada. “Es volver al modelo Idema de los años 80 pero para la minería”, dijo Cante.
En ese mismo sentido, al conocerse las iniciativas, el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, explicó que la unión de estas tres iniciativas preocupa en relación con el modelo de desarrollo minero. “Es centralista, estatizador, restringe y le pone límites a la iniciativa y a la inversión privada, es decir, restringe la libertad económica”, dijo entonces.
En medio de este panorama, se conoció la décima edición de la Brújula Minera, estudio realizado por Jaime Arteaga y Asociados junto con el Centro Nacional de Consultoría, muestra que la política minera en Colombia enfrenta grandes retos, pero que también está marcada por el pesimismo. Por el lado empresarial, solo el 14% piensan que expandirán sus operaciones en los próximos 5 años, manteniendo la tendencia decreciente: el año pasado era el 16% y en 2022 fue de 51%; mientras que el 49% considera que reducirán las operaciones, un aumento de tres puntos porcentuales frente a 2023, cuando en 2022 era apenas el 12%. Para el 37% se mantendrán en el mismo nivel.
Fuente: https://www.semana.com