26/08/25. A través de una carta, seis exministros de Transporte y Hacienda alertaron sobre las consecuencias que podría llegar a tener el borrador de decreto publicado hace unos días por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que pretende redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas de los proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Concesión vial El Estanquillo-Popayán Foto:ANI
“Advertimos con enorme preocupación las graves consecuencias que se derivarían para el desarrollo del sector, dentro del contexto de la eventual expedición y posterior entrada en vigor del referido decreto. Por las incontrovertibles afectaciones que acarrearía, solicitamos al gobierno abstenerse de expedirlo”, se puede leer.
La misiva aparece un día después de que Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), prendiera las alarmas en una columna de EL TIEMPO. “Quienes conocen el trasfondo del sector saben de sobra que el espíritu del decreto pondría en vilo la financiación –en el largo plazo– de decenas de vías estratégicas para la conectividad nacional. No es secreto que el recaudo de los peajes y las vigencias futuras son los cimientos financieros sobre los cuales se soportan la construcción, el mantenimiento y la operación de las obras de infraestructura vial del país”, asegura en su escrito.
En la carta, firmada por José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Restrepo, Ángela María Orozco y Germán Cardona se asegura que el borrador de decreto pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo, lo que genera “serias” dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad. Adicional a ello, dicen que desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público Privadas.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
“Su articulado contradice los planteamientos -recientemente esgrimidos- por la Contraloría General de la República en un control de advertencia según el cual las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente”, se puede leer.
Según sus argumentos, los funcionarios que expidan este decreto estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales. Igualmente, les preocupan las demandas que desde ya se vislumbran por parte de los concesionarios. “Ello, porque el Estado -de manera unilateral- estaría incumpliendo lo pactado en los contratos de concesión vigentes”, dicen.
¿Qué pasaría con la vía El Estanquillo-Popayán?
Tanto Caicedo como los exministros aseguran que la eventual redistribución de vigencias futuras dejaría en el limbo la única apuesta en materia de infraestructura carretera de la era del gobierno Petro: la vía El Estanquillo-Popayán, en el suroccidente del país.
“El 97 por ciento de su financiación dependerá de vigencias futuras por cuanto el corredor contará tan solo con un peaje. Bajo ese escenario, surgiría entonces un clima de incertidumbre y desconfianza que, evidentemente, dejaría al mercado sin garantías ni apetito para presentar ofertas dentro del proceso licitatorio. Ello apuntaría a su declaratoria desierta”, explican los exministros en su carta.
Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI. Foto:MAURICIO MORENO
Adicional a ello, dicen que surgiría una segunda paradoja, pues el gobierno no tocaría las vigencias de El Estanquillo Popayán, por cuanto se trata de su proyecto bandera en materia vial. Pese a ello, el periodo del presidente Petro finaliza en menos de un año y por ello el próximo mandatario -al amparo del mismo decreto, si es expedido- quedaría facultado para redistribuir los recursos de esta iniciativa, lo cual afectaría su cabal ejecución.
Según los exministros, el decreto también pondría en riesgo la credibilidad en el sistema de asociaciones público privadas, que no solo se utiliza para la financiación y construcción de carreteras sino que es fundamental al momento de desarrollar infraestructura social.
“Algunas voces sugieren que esta discusión podría zanjarse mediante la incorporación de un artículo que, a la luz de un acuerdo entre las partes, permita convenir la redistribución de las vigencias futuras. Desconocen, sin embargo, que hoy los contratos de concesión ya contienen cláusulas en ese sentido y, por ello, incorporar el mutuo acuerdo en el decreto no mitigaría sus visos de ilegalidad e inconstitucionalidad”, manifestaron.
Concesión vial El Estanquillo-Popayán Foto:ANI
Entre tanto, Caicedo aseguró que de expedirse el decreto se estaría allanando el camino para que las decisiones de la infraestructura del país se tomen al vaivén de los estados de ánimo. “Sería, ni más ni menos, desinstitucionalizar una figura que, como las vigencias futuras, ha sido honrada históricamente por el Estado y por los gobiernos de turno”, sentenció.
Fuente: https://www.eltiempo.com