18/01/2026. La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) encendió las alarmas por la decisión del Gobierno Nacional de reducir de manera significativa los recursos previstos para proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos la Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, una obra considerada vital para la región Caribe y para la sostenibilidad ambiental del país. Según el gremio, el ajuste presupuestal asciende a cerca de $636 mil millones, una cifra que compromete no solo el cronograma del proyecto, sino su alcance integral.
La advertencia de la CCI no se limita al Canal del Dique. El gremio también incluyó en su pronunciamiento la vía Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, cuyo presupuesto para construcción, operación y mantenimiento habría sido reducido en aproximadamente $340 mil millones. Para el sector infraestructura, ambas iniciativas hacen parte del grupo de proyectos que articulan regiones, dinamizan economías locales y fortalecen la competitividad nacional.
Desde la óptica de la CCI, la disminución de las vigencias futuras destinadas a estas obras representa un mensaje preocupante para el sector. “Este tipo de decisiones afecta la planeación de largo plazo, debilita la confianza en los contratos y genera incertidumbre para los inversionistas”, señaló el gremio, al advertir que los impactos trascienden lo técnico y se extienden al ámbito económico y social.
Canal del Dique Foto:Sacyr
El gremio recordó que tanto el Canal del Dique como la vía Mulaló–Loboguerrero están contemplados como proyectos prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo, precisamente por su capacidad de transformar territorios históricamente rezagados. En el caso del Caribe, la intervención integral del Canal del Dique busca mitigar riesgos de inundaciones, recuperar ecosistemas degradados y proteger a comunidades ribereñas altamente vulnerables.
Para la región Caribe, la CCI subrayó que este proyecto no es solo una obra hidráulica, sino una apuesta ambiental y social de gran escala, que impacta directamente a departamentos como Bolívar y Atlántico. La reducción de recursos, advirtió el gremio, podría traducirse en atrasos, ajustes técnicos no deseados o incluso en la imposibilidad de cumplir los objetivos ambientales inicialmente planteados.
En el suroccidente del país, la vía Mulaló–Loboguerrero cumple un papel clave en la conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura. Su recorte presupuestal, según la CCI, compromete la eficiencia logística y el comercio exterior, en un momento en el que Colombia busca fortalecer su competitividad en los mercados internacionales.
Canal del Dique Foto:Sacyr
Más allá del impacto financiero, la Cámara Colombiana de Infraestructura manifestó serias dudas sobre el procedimiento mediante el cual se definió la reducción de las vigencias futuras. Según el gremio, los contratos establecen que este tipo de ajustes solo pueden realizarse mediante acuerdos entre las partes, condición que, aseguran, no se habría cumplido.
“La forma como se adoptó esta decisión transgrede los lineamientos fijados por el propio Ejecutivo”, señaló la CCI, al advertir que este precedente puede erosionar la seguridad jurídica de los contratos de infraestructura en el país. En su análisis, el gremio alertó sobre posibles riesgos legales y financieros para la Nación, derivados de eventuales controversias contractuales.
Ante este panorama, la CCI hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para que restablezca las vigencias futuras previstas para 2025, como mecanismo para garantizar la continuidad de los proyectos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los concesionarios y las regiones beneficiadas.
Canal del Dique Foto:Sacyr
En diciembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda había viabilizado $74.120 millones para el proyecto del Canal del Dique, actualmente a cargo de la firma Sacyr, lo que en su momento fue interpretado como una señal de respaldo institucional. Sin embargo, el reciente recorte reavivó el debate sobre las prioridades fiscales del Ejecutivo.
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, explicó que el Gobierno había solicitado recursos tributarios provenientes de los sectores de mayores ingresos para financiar proyectos de infraestructura, pero aseguró que las comisiones económicas del Congreso no respaldaron esa iniciativa. Según el mandatario, esta falta de apoyo limitó la capacidad de inversión del Estado.
Petro también advirtió que la intención de algunos sectores de tumbar los decretos de la emergencia económica agravaría el panorama fiscal, al punto de poner en riesgo el cumplimiento de decisiones judiciales, como la sentencia de la Corte Constitucional sobre igualdad en el sistema de salud. Como alternativa, el presidente planteó la posibilidad de reordenar los recursos que reposan en fiducias, incorporándolos al presupuesto general.
El Canal del Dique. Foto:Suministrada
Para la CCI, el debate no es únicamente presupuestal. El gremio insistió en que la infraestructura requiere reglas claras, estabilidad financiera y coherencia institucional, especialmente en proyectos de largo aliento que impactan regiones enteras, como ocurre en el Caribe con el Canal del Dique.
El llamado final del sector es a abrir un espacio de diálogo técnico que permita revisar las decisiones adoptadas, evaluar sus consecuencias y garantizar que la infraestructura siga siendo un motor de desarrollo, integración regional y sostenibilidad ambiental. En juego, advierten, no solo están los proyectos, sino la credibilidad del país frente a la inversión y la planificación de su futuro.
Fuente: https://www.eltiempo.com