22/09/25. La emergencia en el kilómetro 18+600 de la vía Bogotá–Villavicencio, en jurisdicción del municipio de Chipaque, mantiene en jaque la competitividad del centro del país. Según la Asociación Colombiana de Productores de Agregados, Asogravas, el cierre parcial del corredor ya genera pérdidas superiores a $1.500 millones diarios en el sector de materiales de construcción.
El gremio advirtió que, pese a que han pasado más de dos semanas desde el derrumbe, la atención de la emergencia sigue presentando vacíos graves. “No se han resuelto los problemas de escorrentía en la parte alta de la montaña, no se han construido canales de agua adecuados, la remoción en masa ya llegó hasta el cauce del río Une y, a la fecha, no se ha hecho monitoreo técnico-geológico detallado ni estudios de suelo que definan el tipo de obras necesarias para contener la montaña”, señaló la agremiación en un comunicado.
De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico, PMU, establecido por el Ministerio de Transporte y la ANI, se habilitó un paso controlado con horarios restringidos. Sin embargo, para Asogravas estas medidas son apenas un alivio temporal que no resuelve el fondo de la crisis.
El impacto directo recae sobre el transporte de materiales estratégicos para la construcción. A diario, deberían movilizarse hasta 20.000 toneladas de arena y grava provenientes del Meta y de los corredores asociados a la vía al Llano, insumos indispensables para proyectos de vivienda e infraestructura en Bogotá y el centro del país. Con el actual esquema de paso intermitente, esta operación está gravemente limitada.
“Asogravas considera imprescindible privilegiar el transporte de carga, que concentra el mayor flujo en el corredor y asegura el abastecimiento de materiales, alimentos, combustibles y bienes esenciales para millones de personas”, afirmó el gremio.
El cierre no solo afecta a la industria de agregados, que calcula pérdidas superiores a $1.500 millones diarios y 850 empleos en riesgo, sino que también repercute en la economía regional y nacional. En el Meta, las pérdidas acumuladas superan $180.000 millones, mientras que en Bogotá se incrementa el riesgo de desabastecimiento de materiales y sobrecostos en las obras. A nivel social, municipios como Chipaque, Cáqueza, Guayabetal, Quetame y Une enfrentan cierre de comercios, afectación de acueductos veredales y la dependencia de subsidios y ayudas humanitarias.
La vía alterna habilitada tampoco resulta suficiente. Se registran represamientos de hasta 12 horas que afectan a transportadores, pasajeros y comunidades enteras. Frente a esta situación, Asogravas hizo un llamado al Gobierno para asumir el control de la emergencia con recursos extraordinarios y una coordinación centralizada.
“Cada día de inacción significa pérdidas millonarias, empleos en riesgo y más familias afectadas. Es momento de que el Gobierno Nacional asuma el control de esta emergencia con determinación y celeridad”, afirmó Carlos Fernando Forero Bonell, director ejecutivo de Asogravas.
Fuente: https://www.larepublica.co