Minería bien hecha, balance positivo para las regiones
Minería bien hecha, balance positivo para las regiones
En un reciente conversatorio en la Universidad Nacional, sede Medellín, el viceministro de minas, Carlos Cante Puentes, afirmó que se deben dejar consolidadas las bases que van a permitir el desarrollo de una minería bien hecha la cual siga generado desarrollo para el territorio nacional.
Y precisó que la minería formal es una gran jalonadora del progreso social, cultural y ambiental para las regiones. “Concibe contraprestaciones, como regalías e impuestos locales y nacionales, es dinamizadora de la economía local por las compras de insumos y servicios que se requieren en la actividad, y es generadora de empleos directos”, afirmó Cante Puentes.
Señaló además que no existen municipios y comunidades en contra de la minería, sino comunidades desinformadas acerca de lo que es realmente la minería bien hecha en Colombia; comunidades que, por efecto del impacto mediático de un activismo político radical en contra de la minería formal, confunden la explotación ilícita de minerales con la minería legal.
Para el Ministerio de Minas y Energía, los alcaldes y gobernadores deben darle prioridad a la actividad minera en aquellas zonas donde sí es posible realizarla de forma bien hecha, desarrollándola con los más altos estándares técnicos, ambientales, laborales y de responsabilidad social.
“Es clave que los alcaldes incorporen la industria minera en sus planes de ordenamiento territorial y en sus planes de desarrollo municipal. La minería bien hecha seguirá trayendo progreso para todos los colombianos”, señaló un comunicado de la cartera minero-energética.
Tanto el Ministerio de Minas y Energía como la Agencia Nacional de Minería (ACM) hacen énfasis en que existe gran diferencia de la minería formal con la explotación ilícita de minerales.
Silvana Habib Daza, presidente de la ACM, explica que la minería bien hecha está totalmente regulada, tiene muchos ojos vigilándola y fiscalizándola, como la autoridad minera, autoridades ambientales, el Ministerio de Trabajo; la Dian, la Contraloría, la Procuraduría, las autoridades territoriales, la ciudadanía y los medios de comunicación.
Por su parte, Cante Puentes aseguró que los proyectos mineros formales minimizan el riesgo de incursión de explotaciones ilegales, que conllevan a la aparición de otros fenómenos como el uso de sustancias prohibidas como el mercurio, el deterioro de los recursos naturales, el trabajo infantil y el desplazamiento, entre otros.
“Es claro, que los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, deben materializarse en una ley, la cual permita establecer con mayor claridad las competencias de las partes involucradas; esto sin perder de vista el bienestar y desarrollo del municipio, sus comunidades, la Nación y los empresarios”, manifestó el Viceministro de Minas.
Por esta razón, en los próximos días, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, presentará al Congreso un proyecto de ley no solo para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos minero-energéticos, e impedir que consultas populares los prohibían, sino además para fortalecer la formalización minera.
“Aquí hay una discusión de fondo, y es cómo se sincronizan las diferentes competencias legales, porque los alcaldes tienen competencias en el ordenamiento del suelo y la Nación, en la administración del subsuelo”, dijo en una entrevista a Portafolio el jefe de la cartera minero- energética, Germán Arce.
En Colombia existen 8.866 títulos mineros vigentes que representan tan solo el 3,8% del territorio nacional; de estos, 1.127 se encuentran hoy en etapa de exploración, en una actividad en la cual de cada mil prospectos, cien se convierten en proyectos y solo uno termina en mina.
“El 90% de esta titulación se encuentra en manos de los colombianos y tan solo el 10% se encuentra bajo operación de compañías de capital extranjero”, señaló Cante Puentes.
“Si lo analizamos, la pregunta no es si queremos o no minería en nuestros territorios, la pregunta es: ¿qué tipo de minería queremos en nuestras regiones?”, precisó Cante Puentes en una columna publicada en este diario en días pasados.